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La Cuarta Cumbre contra la Morosidad arranca un compromiso político firme a favor del Régimen Sancio
27/04/2017
La Cuarta Edición de la Cumbre contra la Morosidad convocada por la PMcM ha logrado un compromiso conjunto de los grupos parlamentarios para poner ya en marcha el Régimen Sancionador, que fue justo el reclamo repetido una y otra vez en la rueda de prensa por el presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, Antoni Cañete. El salón de actos del Caixaforum en Madrid, acogió a una nutrida representación de empresarios que pudieron oír de primera mano su apuesta por ese compromiso a los líderes de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, y Ciudadanos, Albert Rivera. Ambos intervinieron en la parte inicial de un encuentro que ha servido también para extender el compromiso a que en la Ley de Contratación Pública -que se está tramitando- no exista acuerdo de las partes en la relación cliente-proveedor, y que se aprueben las enmiendas que la PMcM, PIMEC y CEAC presentaron a los diferentes grupos parlamentarios.La Cuarta Cumbre contra la Morosidad arranca un compromiso político firme a favor del régimen sancionador
Iglesias aludió a los empresarios representados por la plataforma como “los verdaderos empresarios, la cultura del esfuerzo de verdad”, para añadir a continuación que “se ha tardado mucho tiempo en legislar contra la morosidad porque había algunos interesados en que se tardara mucho, que han impuesto condiciones como el pacto entre las partes”, y se preguntó, “cómo van a pactar los pequeños con sus clientes cuando estos son los grandes”. Iglesias lamentó que “esa trama haya manejado los resortes del poder público, porque eso tiene unas víctimas evidentes, que son la gente”, y concluyó que “la igualdad entre desiguales es una mentira”.
Rivera, por su parte, afirmó que “hay que pasar de las problemas a los hechos, Ciudadanos está dispuesto a llevar el pacto con el Gobierno hasta el final para sacar adelante el Régimen Sancionador, porque los compromisos hay que cumplirlos y las pymes ya no pueden esperar más”, antes de añadir que “las ilusiones puestas en un pequeño proyecto no pueden quedar enterradas por las deficiencias de los poderes públicos”.
“El Gobierno ha preferido estar con los que no pagan, que con las pymes y autónomos de nuestro país”
En la rueda de prensa posterior, los máximos responsables de la Plataforma subrayaron la importancia de que se trate de un “pacto de trato, no de truco” y lamentaron “que el Gobierno no cierre hoy esta Cuarta Cumbre, tal y como estaba previsto. Tras la Proposición no de Ley aprobada por el Gobierno, existe un mandato y hoy era un momento excelente para que el Gobierno nos dijera cómo lo va a cumplir”. Según Antoni Cañete, “el mensaje es claro: el Gobierno hoy ha preferido estar en exclusiva al lado de los que cobran y no pagan, en vez de con los autónomos y pymes, esto es, con la mayoría de las empresas del país, que claman por tener justicia y que se les defienda delante de la tiranía de algunas grandes empresas”. Aseguró también que “un régimen sancionador es la única manera de conseguir un mayor cumplimiento del plazo de pago máximo de 60 días establecido por la Ley de lucha contra la morosidad. Con las sanciones se evitarían muchos de los malos hábitos de pago que existen en nuestro país, acabando con las prácticas abusivas de imponer plazos de pago leoninos”.
Los partidos políticos coincidieron en la necesidad de un consenso unánime para instaurar un Régimen Sancionador con el que empezar a multar a las empresas que no paguen a sus proveedores en los plazos establecidos por ley. De llevarse a cabo todas las medidas pactadas por las fuerzas parlamentarias “no solo se acabaría con la dilación abusiva de los plazos de pago a proveedores, sino que estaríamos delante de un compromiso político que permitirá no crear más trampas para saltarse legalmente los plazos de pago”, asegura Cañete. Según el último informe de la PMcM, el plazo medio de pago a proveedores se redujo en 2016 tanto en el sector público (5,3%) como en el privado (9,4%), pasando respectivamente de 75 a 71 y de 85 a 77 días, aunque manteniéndose lejos de los 30 y 60 días que establece la ley, respectivamente.
FUENTE: INSTALADORES 2.0
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