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El plazo medio de pago a proveedores aumentó en 2018 en el sector privado y en el público
28/02/2019
El Informe sobre Morosidad que cada año publica la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad concluye que el plazo medio de pago a proveedores en 2018 aumentó en el sector público en 3 días y en el sector privado en 4, alcanzando los 68 y los 81 días respectivamente, muy lejos de los 30 y 60 días respectivamente, que establece la ley.Aprovechando la próxima convocatoria electoral, la PMcM reclama a todos los partidos políticos “que incluyan en sus programas electorales la aprobación de la Proposición de Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad” y lamenta también que “antes de que finalice esta legislatura no se vaya a poder aprobar la ley que prevé sanciones a los morosos, porque será una pérdida de competitividad para España”. Así lo solicita su presidente, Antoni Cañete, que lamenta igualmente que “nuestras pymes y autónomos tengan que seguir padeciendo insostenibles plazos para cobrar sus facturas”, y añade que “un Real Decreto Ley sería la única oportunidad para frenar esta situación”. Cañete cree también que pymes y autónomos deberían valorar de cara a su intención de voto “a los partidos políticos que se comprometan en sus programas electorales a poner en marcha el régimen sancionador contra la morosidad“.
La PMcM ha aprovechado también para contrastar las cifras de su informe con los datos recogidos por la Central de Balances del Banco de España relativos al mismo periodo anual y detecta también “un desfase entre el plazo en el que las empresas dicen que pagan y en el que realmente lo hacen”. La Ley 15/2010, que la propia Plataforma impulsó, obliga a las empresas a informar de sus periodos medios de pago a proveedores en sus cuentas anuales. De este modo, el 77,6% de las propias compañías declaran pagar en el plazo legal, pero sólo el 56,5% lo hace. Al contrario, sólo el 22,4% confiesan no hacerlo en sus balances, pero las cifras oficiales llevan el porcentaje al 43,5%. Según la PMcM, una razón que lo justificara podría ser que en la fórmula empleada para los balances por las compañías “no se considera al confirming como deuda comercial pendiente de pago”.
Informe Morosidad 2018 de PMcM
Del Informe de la PMcM, elaborado a partir de más de 700 encuestas, también se concluye que casi la totalidad de los encuestados (94%) manifestó estar a favor de la implantación de un régimen sancionador. El 63% de los proveedores tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes que les imponían plazos de pago superiores a los 60 días que establece la Ley 3/2004. Y en el caso de sufrir impagos, el 86% de los proveedores nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora; y el 92% de los proveedores no exigieron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago.
Como novedad en esta ocasión, la Plataforma ha analizado la tipología de las empresas morosas. El 59% de los encuestados aseguran que el tipo de cliente que más tarda en pagarles son las grandes empresas (con facturación superior a 50 millones de €). Mientras tanto, el porcentaje de impagos respecto al total de facturación se situó en el 2,9%, un ligero aumento de 0,5 puntos respecto a 2017.
Bloqueo de la ley en el Congreso
La tramitación de la Proposición de Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad fue aprobada en 2017 por el Congreso, pero la Ley no ha terminado de salir adelante por “intereses y presiones de las grandes superficies que han influido en el PSOE y el PP”. Incluso se ha llegado a volver a proponer la inclusión del llamado pacto entre las partes, “con todo lo negativo que esto conllevaría”, explica Cañete.
Cañete insiste en reclamar un Real Decreto para aprobar la Ley, pero de no hacerse la traslada a la nueva legislatura y a “ponerla en marcha de inmediato“, y añade, “no partimos de cero, sino que el trabajo está hecho prácticamente en un 80%”, antes de concluir que, “si seguimos trabajando así conseguiremos que sea una realidad en los primeros meses de mandato”.
FUENTE: INSTALADORES 2.0
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