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La CNMC analiza las principales barreras de las instalaciones de autoconsumo y proyectos en suelo
21/02/2023
Competencia ha elaborado un documento en el que recoge hasta 12 obstáculos que dificultan el despliegue de estos sistemas. Además, expone que el plazo medio de tramitación de una instalación de autoconsumo es de tres meses, cuando debería ser de en torno a uno. La tramitación de los proyectos de suelo se alarga, de media, entre 22 y 24 meses.El despliegue de las energías renovables es prioritario para la consecución de los objetivos fijados por el PNIEC. Sin embargo, siguen existiendo “múltiples obstáculos” que afectan a su desarrollo. Esta es la principal conclusión que se extrae de un informe que ha elaborado la CNMC, en el que recoge las principales barreras a los que se enfrentan las instalaciones de autoconsumo y los proyectos fotovoltaicos en suelo.
Aspectos como la dificultad para identificar suelo apto para la ubicación de las infraestructuras, la heterogeneidad de las normativas municipales, la duplicidad de algunos trámites o la dilatación en los plazos de respuesta a las solicitudes son algunos de los frenos a los que apunta Competencia.
Obstáculos para las instalaciones de autoconsumo
El informe de la CNMC señala que el proceso de tramitación de una instalación de autoconsumo en España se alarga, de media, unos 3 meses, “a pesar de ser una instalación sencilla, que se podría realizar, según los operadores del sector, en aproximadamente un mes”, especifica el documento. Entre las principales barreras para el despliegue de este tipo de infraestructuras, Competencia apunta a las siguientes:
Requerimiento de una autorización o licencia de obras. Aunque este es un aspecto que ha mejorado significativamente, ya que solo el País Vasco sigue exigiendo este requisito.
Requerimientos heterogéneos de documentación relativa al acceso y conexión. El tipo de documentación puede variar según la distribuidora y, en ocasiones, incluso dentro de una misma compañía varía según la zona. Esto complica a los promotores la preparación de la documentación necesaria y prolonga el proceso.
Falta de información clara sobre edificios protegidos. Muchas ordenanzas municipales y normas autonómicas plantean limitaciones a la instalación de paneles de autoconsumo en edificios catalogados como patrimonio histórico, por lo que un operador puede iniciar los trámites para instalar placas de autoconsumo y, posteriormente, no poder llevarlo a cabo.
Condicionamientos estéticos no siempre justificados por la normativa. Se pueden exigir, entre otros: placas no visibles desde la calle, certificación que ratifique que los módulos no producen reflejos o exigencia de un color determinado de las placas, sin la pertinente justificación.
Funcionamiento deficiente de la sede electrónica de algunos ayuntamientos, a lo que hay que sumar la negativa de algunos de ellos a aceptar la representación del promotor.
Diferente exigencia de tasas y fianzas. Algunos operadores han cuestionado la diferentes exigencias tributarias entre municipios ante un mismo hecho, como, por ejemplo, la tasa por gestor de residuos autorizado.
Frenos para los proyectos de suelo
El plazo medio de tramitación de las instalaciones en suelo se mueve actualmente entre los 22 y los 24 meses, “aunque en ocasiones puede durar más del doble”. “Sin embargo, el plazo medio realmente necesario estimado para poner en marcha una instalación de este tipo podría ser de 9 meses para las plantas solares y 14 meses para un parque eólico”, recalca el informe de la CNMC. En este capítulo, los principales frenos son:
Calificación del uso del suelo. Las características de este tipo de parques hacen que el lugar propicio para su instalación sea el suelo rústico. Sin embargo, la mayoría de las legislaciones autonómicas no prevé expresamente estas instalaciones como uno de los usos permitidos en el suelo rural, por lo que es preciso solicitar una autorización de uso excepcional de suelo rústico.
Duplicidad de trámites. En numerosas ocasiones se repite el trámite de información pública al mismo organismo para informar sobre alguna modificación no sustancial en el mismo o para pronunciarse sobre alguna afección mínima detectada.
Excesiva discrecionalidad en algunos de los aspectos susceptibles de informe. Por ejemplo, en aspectos medioambientales, los organismos consultados deben evaluar el grado de afectación de los proyectos a los bienes y derechos de los que son titulares, existiendo una excesiva amplitud a la hora de valorar las ventajas e inconvenientes de cada proyecto.
Variedad de impuestos y tasas. La heterogeneidad de las normas fiscales en los diferentes municipios “complica la tramitación, encarece el proyecto y, además, dificulta la gestión”.
Incorrección de las solicitudes. Muchas de las solicitudes presentan proyectos que no están suficientemente maduros o que son inviables económica o medioambientalmente, colapsando las vías administrativas.
Falta de recursos en las administraciones públicas.
Posibles soluciones
Para eliminar estas barreras, o al menos intentar minimizar sus efectos, la CNMC propone mejorar la información disponible para los agentes del sector, reforzar las estructuras institucionales a disposición de las entidades locales para la tramitación de los proyectos y buscar vías para mejorar los beneficios de las renovables sobre las comunidades locales.
Fuente: CDECOMUNICACION
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